RESISTENCIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Como desde el primer momento el Ayuntamiento de Ledesma tuvo bien claro que nadie ni nada se interpondría en su camino para construir la térmica de sus amigos de Madrid, se encargó de que -al menos en la villa de Ledesma- nadie pudiera discrepar sobre las intenciones de los amigos de madrid. Por eso, a día de hoy, el Consistorio ha prohibido reiteradamente cualquier tentativa de que la Plataforma Antitérmica del Tormes realice cualquier acto de información o charla debate con expertos en la materia. Si a todo ello, unimos el sentimiento de conquistador que se le debe quedar a uno cuando revalida la candidatura y encima aumenta la representación municipal, pensar en hacer algo así (a los actos informativos nos referimos) por voluntad de un determinado sector de población, debe ser algo raro.

Pues bien, ante la lacra de soportar determinaciones tan populares y, sobre todo democráticas, parece ser que el pueblo busca medios de expresión que durante estos días comenzamos a ver por los pueblos y carreteras de la comarca. Desde la Plataforma hacemos un llamamiento a todos/as aquellos/as que con sus pintadas reivindican el NO A LA TÉRMICA, a colaborar en las acciones que la Plataforma está iniciando en estos momentos: una campaña de información pública sobre los efectos de la central térmica en la salud y en el medio ambiente. Un aplauso para aquellos que no tienen voz por cuenta del consistorio de Ledesma y deciden expresarse libremente aunque de manera fugitiva. Su voz es la de muchos. No nos engañemos.

MUCHOS INTERROGANTES EN LEDESMA

Es indudable que la construcción de una central térmica de ciclo combinado a las afueras de la villa de Ledesma cambiará la fisonomía de este entorno tormesino. Al igual que lo hicieron las múltiples intervenciones a lo largo de todos estos años, desde que antaño se construyeran las murallas o su iglesia fortificada, el viejo y el nuevo puente son algunas transformaciones que se han incorporado ya a la percepción de los ledesminos y ledesminas. Algunas intervenciones recientes, quizá más drásticas nos hablan en cambio de la necesidad de comunicar e industrializar la villa. Son por ejemplo las torres de telefonía, los silos para almacenar el grano o los depósitos para abastecer a la villa de agua potable que despuntan en todo momento se mire desde donde se mire el enclave ledesmino. No obstante, con la central térmica, además del impacto paisajístico y las consiguientes infraestructuras para que una industria de este tipo funcione (redes de alta tensión, mejores carreteras, gaseoducto, subestación eléctrica o canalizaciones de agua desde el río….) más o menos integradas en el paisaje actual, la contaminación derivada de la combustión de miles de toneladas de gas diariamente, incorpora un nuevo elemento en todo ese conjunto paisajístico del que venimos hablando. Se calcula que unas 15 toneladas de gas de CO2 se emitirán diariamente por las chimeneas, además de otros gases nocivos para el ser humano y, por lo tanto, para el medio ambiente en general. Gases en su mayoría causantes del cambio climático que ya venimos percibiendo desde hace algunas décadas. Nuevos impactos paisajísticos que esta vez se suman con su funcionalidad a aumentar la crisis ambiental a la que nos enfrentamos como ciudadanos y como sociedades desarrolladas.

Que la provincia de Salamanca sea excedentaria en producción de energía (recordemos las centrales hidroeléctricas de Villarino, Aldeadávila o Saucelle) no parece ser razón suficiente para preguntarse si el proyecto tiene sentido o no. Tampoco parece que se haya tenido en cuenta que la Mancomunidad de Aguas de Cabeza de Horno, que abastece a un total de 22 municipios entre los cuales -además de los adyacentes a este tramo del río- se encuentra Vitigudino, vayan a beber el agua contaminada con productos tóxicos y altas temperaturas que metros arriba verterá la central. También parece que la expropiaciones a lo largo de 30 kilómetros que desde el gaseoducto que cruza la península de norte a sur por la capital hasta Ledesma y las consiguientes debido a la instalación de nuevas redes eléctricas vayan a tener consecuencias.

El caso es que si sólo tuviéramos en cuenta la primera de las agresiones mencionadas, la de los gases de efecto invernadero, sería suficiente para que al menos una gran parte de la población pudiera preguntarse si de verdad el proyecto térmico tiene sentido. Eso es al menos lo que ha pasado en Rivas Vaciamadrid, en Morata de Tajuña o en el entorno de la Bahía de Cádiz, donde la población está plantando cara y poniendo entre la espada y la pared a empresas como Endesa cuyo único interés es hacer dinero fácil a consta de prometer chimeneas pintadas de color verde y parques y jardines en los alrededores. ¿Pero qué pasa en Ledesma? ¿dónde están esos interrogantes? ¿quién se preocupa de averiguar qué va a pasar con la central? ¿cuáles van a ser sus efectos? ¿cómo cambiará la vida?. Me temo que Endesa ha ido a parar donde le convenía, con un discurso neocolonialista y prometiendo el oro y el moro, se ha llevado al alcalde a un buen hotel de Madrid para luego volver al pueblo y anunciar por fin la solución al problema del empleo y el desarrollo en definitiva socioeconómico de la comarca. Endesa conocía perfectamente qué iba a pasar en Ledesma, sabía perfectamente que las preguntas obvias y sensatas no iban a surgir de forma clara y contundente. La Plataforma Antitérmica del Tormes quiere creer que todos estos interrogantes necesarios para plantar cara a Endesa y sus secuaces están en el subconsciente de los ledesminos y ledesminas. Por eso, la Plataforma no cesará en su intento de soñar en una Ledesma sin humo y con la ilusión puesta en buscar alternativas y soluciones para todos, sin hipotecar la belleza que fuera y dentro de sus murallas nos muestra Ledesma cada día.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA QUE UN TOTAL DE 1.200.000 CASTELLANOS Y LEONESES RESPIRÓ DURANTE 2006 AIRE PELIGROSO PARA LA SALUD

Burgos, Miranda de Ebro, León, Salamanca y Valladolid superaron por cuarto año consecutivo los límites legales de contaminación atmosférica a tenor del Informe Anual de la Calidad del Aire en Castilla y León durante el año 2006, según denunció Ecologistas en Acción, a través de un comunicado. La organización precisó que la Consejería de Medio Ambiente tardó diez meses en entregarles estos datos desde su petición y seis desde la elaboración, tiempo durante el cual, a su entender, ha permanecido «congelado» en el despacho de algún alto cargo. Ecologistas en Acción subraya que la Junta es el último de los 17 gobiernos autónomos en hacer públicos los datos de calidad del aire del año pasado, lo que -en su opinión- es «inadmisible y denota un preocupante ánimo de ocultamiento de este problema a los ciudadanos». De las 13 zonas en que se ha dividido Castilla y León a los efectos del control de la contaminación atmosférica, en diez se ha rebasado algún nivel de seguridad entre los regulados por la normativa española y europea vigente, según la información del colectivo ecologista. Junto a los lugares citados, se encontraron Ponferrada, La Robla, Palencia, Segovia y Zamora dentro del área de núcleos medianos y Medina del Campo dentro de la zona rural.
En conjunto, al menos 1.200.000 castellanos y leoneses respiraron durante 2006 aire peligroso para su salud. Se da la circunstancia de que estas superaciones se reiteran en los casos de Burgos, Miranda de Ebro y Valladolid por cuarto año consecutivo, y por sexto año consecutivo en León, Salamanca y el entorno de las centrales térmicas leonesas de Compostilla y La Robla, añadieron. El caso «más llamativo» fue el del entorno de las centrales térmicas, que durante 2006 registraron nueve superaciones del umbral de alerta legalmente establecido para el dióxido de azufre, sin que por parte de las autoridades autonómicas se procediera a paralizar el funcionamiento de las centrales térmicas, propiedad, respectivamente, de Endesa y Unión Fenosa, y ni siquiera se informara de la alerta a la población afectada, según destacan en el comunicado. También, los ecologistas ponen de manifiesto la supresión de algunos medidores que rebasaban los límites legales en años pasados, en concreto los de dióxido de azufre en Ventosilla y Cuadros (Red de la Central Térmica de La Robla) y los de ozono en Valladolid y Villamuriel de Cerrato (Red de Renault España), que suman al de plomo suprimido en Medina del Campo. Asimismo, indicaron que se ha cambiado la ubicación de cinco estaciones (en Burgos, León y dos en Ponferrada) y se han incorporado dos nuevas estaciones en Venta de Baños. Los valores límite se definen como «un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto». La superación de los admisibles para el año 2006 y anteriores obliga a la elaboración de Planes de mejora de la calidad del aire, en el plazo de 18 meses desde la constatación del incumplimiento, recuerdan.

Según el informe, sólo los ayuntamientos de Burgos, León y Valladolid parecen haber elaborado estos planes de mejora, si bien ninguno de ellos ha sido evaluado ambientalmente, sometido a información pública ni publicado para su entrada en vigor, por lo que formalmente «carecen de efectos» y «resultan completamente inoperantes» para reducir la contaminación atmosférica, debiendo adaptarse a la Ley Estatal de calidad del aire que entró en vigor la semana pasada, al tiempo que se elaboran los ocho planes restantes. "

En conjunto, al menos 1.200.000 castellanos y leoneses respiraron durante 2006 aire peligroso para su salud. Se da la circunstancia de que estas superaciones se reiteran en los casos de Burgos, Miranda de Ebro y Valladolid por cuarto año consecutivo, y por sexto año consecutivo en León, Salamanca y el entorno de las centrales térmicas leonesas de Compostilla y La Robla, añadieron. Las centrales térmicas El caso «más llamativo» fue el del entorno de las centrales térmicas, que durante 2006 registraron nueve superaciones del umbral de alerta legalmente establecido para el dióxido de azufre, sin que por parte de las autoridades autonómicas se procediera a paralizar el funcionamiento de las centrales térmicas, propiedad, respectivamente, de Endesa y Unión Fenosa, y ni siquiera se informara de la alerta a la población afectada, según destacan en el comunicado. También, los ecologistas ponen de manifiesto la supresión de algunos medidores que rebasaban los límites legales en años pasados, en concreto los de dióxido de azufre en Ventosilla y Cuadros (Red de la Central Térmica de La Robla) y los de ozono en Valladolid y Villamuriel de Cerrato (Red de Renault España), que suman al de plomo suprimido en Medina del Campo. Asimismo, indicaron que se ha cambiado la ubicación de cinco estaciones (en Burgos, León y dos en Ponferrada) y se han incorporado dos nuevas estaciones en Venta de Baños. Los valores límite se definen como «un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto». La superación de los admisibles para el año 2006 y anteriores obliga a la elaboración de Planes de mejora de la calidad del aire, en el plazo de 18 meses desde la constatación del incumplimiento, recuerdan. Planes de mejora Según el informe, sólo los ayuntamientos de Burgos, León y Valladolid parecen haber elaborado estos planes de mejora, si bien ninguno de ellos ha sido evaluado ambientalmente, sometido a información pública ni publicado para su entrada en vigor, por lo que formalmente «carecen de efectos» y «resultan completamente inoperantes» para reducir la contaminación atmosférica, debiendo adaptarse a la Ley Estatal de calidad del aire que entró en vigor la semana pasada, al tiempo que se elaboran los ocho planes restantes.

Ante esta «lamentable situación», Ecologistas en Acción exige a la Administración que cumpla con sus obligaciones legales en la prevención de la contaminación del aire, que cada año causa 16.000 víctimas mortales en España. Ante esta «lamentable situación», Ecologistas en Acción exige a la Administración que cumpla con sus obligaciones legales en la prevención de la contaminación del aire, que cada año causa 16.000 víctimas mortales en España.